La auditoría detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no habrían sido validados ante el Registro Nacional de Población; la SEP sostiene que el procedimiento continúa abierto.
Ciudad de México, 9 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las presuntas irregularidades detectadas en el programa de becas Benito Juárez por 592.3 millones de pesos todavía están bajo revisión y que no puede hablarse de un fraude comprobado.
Las observaciones derivan de una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que identificó pagos correspondientes a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no habrían sido validados ante el Registro Nacional de Población durante los ejercicios de 2024 y 2025.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el proceso de fiscalización no ha concluido y que las dependencias involucradas todavía pueden presentar información para aclarar las observaciones.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar también indicó que la auditoría se encuentra en una etapa de revisión y que se trabaja para proporcionar la documentación necesaria y solventar las observaciones.
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La Secretaría de Educación Pública sostuvo que la verificación de identidad de los beneficiarios es un requisito indispensable y afirmó que, durante 2024, se validó la identidad de las personas beneficiarias antes de cada dispersión de recursos.
La dependencia agregó que las observaciones forman parte de una auditoría de desempeño todavía en proceso, por lo que las instituciones involucradas deben presentar las aclaraciones correspondientes.
Además de los pagos observados, la revisión señaló que en 2024 el Banco del Bienestar no había entregado 95 mil 960 tarjetas, de las cuales 94 mil 251 aparecían como activas. También identificó pagos que deberán ser aclarados por las autoridades responsables.
Las dependencias federales mantienen las verificaciones para determinar si las observaciones se solventan con la documentación presentada o si existen irregularidades que requieran procedimientos adicionales.
Hasta el momento, los montos señalados corresponden a observaciones de auditoría y no a una determinación definitiva de fraude o responsabilidad administrativa.


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